Las comunidades indígenas de Argentina dicen NO a la derogación de la Ley 26.160

En esta nota, referentes y organizaciones indígenas de distintas regiones de nuestro país se manifiestan sobre la reciente derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena por parte del Gobierno de Javier Milei. En diálogo con Paz Solís Durigo, explican qué implicó la Ley 26.160, qué significa esta derogación para sus comunidades, cómo los afecta, cuál es su concepción del territorio, cuáles son las medidas a tomar por las organizaciones indígenas.

Agradecemos a Mariela Tulián, Darío Juárez, Hernán Nemi, Norma Cabral y Violeta Percia por la ayuda y por los contactos para poder realizar este trabajo.

¿Qué es la Ley 26.160?

La Ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas originarias de Argentina. Fue sancionada en el año 2006 como respuesta a las constantes expulsiones de comunidades indígenas debido a intereses privados y estatales. Su objetivo central fue proteger sus derechos territoriales y suspender sus desalojos, realizando un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas, a cargo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

Inicialmente, tuvo una vigencia de 4 años. Pero, debido a que el relevamiento no había concluido y a que los desalojos continuaban, fue prorrogada varias veces: en el 2009, 2013, 2017, extendiendo su vigencia hasta el año 2025. Si bien existieron problemas en su aplicación efectiva, es un instrumento jurídico importantísimo para amparar los derechos humanos y territoriales de las comunidades.

No obstante, el pasado 10 de diciembre, el presidente Javier Milei derogó la Ley a través de un DNU. Este no fue el primer golpe de su Gobierno contra nuestras comunidades. Este año, nuestro país fue el único en votar contra una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas en la ONU. Como nos cuenta Mariela Tulián (Casqui Curaca comechingón de la comunidad Tulián de Córdoba), esto tiene que ver con un plan sistemático vinculado a todo lo que está pasando, por ejemplo, la desfinanciación del INAI, y deja en una situación muy delicada a todas las comunidades indígenas de nuestro país.

Esta medida es inconstitucional. Siguiendo a Francisco Medina (mbya guaraní de la comunidad Ka’akupe de Misiones), es incompatible con nuestra Constitución Nacional, la cual establece y respeta la preexistencia de estos pueblos; como también incompatible con tratados internacionales que refuerzan sus derechos, y que nuestro país también ratificó.   

En esta línea, Orlando Carriqueo (werkén del Parlamento Mapuche-Tehuelche en Río Negro), nos da a conocer que desde varias organizaciones se está trabajando por un pedido de inconstitucionalidad de esa norma. Y esto es importantísimo porque esta medida genera inseguridad territorial. Pero, sobre todo, violencia y la posibilidad de riesgo para sus vidas.

La cobertura de esta derogación ha sido prácticamente nula en los grandes medios de comunicación. Y, por supuesto, la poca información que nos ha llegado ha sido mediada por intereses que no se corresponden a los de los principales afectados. Por eso, desde La Lechiguana consideramos fundamental hablar con ellos, que sean ellos quienes se expresen al respecto: ¿qué implicó la Ley 26.160? ¿qué significa esta derogación para sus comunidades? ¿cómo los afecta? ¿cuál es su concepción del territorio? ¿cuáles son las medidas a tomar por las organizaciones indígenas? Estas son las líneas de las reflexiones que referentes y organizaciones indígenas desarrollan en su conversación con Paz Solís Durigo.

Como nos explica Darío Juárez, representante de la Comunidad Guaraní Mbo’ehára Jasy Rendy de Buenos Aires:

“Si no hablamos nosotros, vamos a dejar que otros hablen por nosotros. Necesitamos que nuestras voces sean escuchadas”.

Testimonios

Francisco Medina

Comunidad Mbya Guaraní Ka’akupe (Ruiz de Montoya, Misiones)

La Ley 26.160 es un paraguas para los pueblos indígenas. Para mí, es una lástima que se tome la decisión de derogar esta Ley que reconoce la posesión de los pueblos indígenas, no solamente mbya guaraní, sino en general.

En Latinoamérica, los índigenas veníamos teniendo ya nuestras propias organizaciones, nuestras propias autoridades, nuestras propias instituciones. Es una costumbre ancestral, el territorio es para nosotros una casa grande.

Nosotros como pueblo indígena no tenemos papeles, pero mi pregunta hacia el Estado es:

¿dónde tiene la firma de quién creó la tierra y el mundo?

El creador de la tierra y de la naturaleza no otorgó a los indígenas un título de propiedad con su firma. Nadie tiene esa firma. Es un atropello que siempre se nos hace con el papel, con decretos, con leyes. Ya no como se venía haciendo 532 años para atrás. De ese modo, nos vienen con esta golpiza tan fuerte.

Espero que lo piensen y lo entiendan, para devolver el territorio hacia los pueblos indígenas. Se había trabajado mucho para que la Ley de Emergencia Territorial se vuelva una Ley Nacional.

Nosotros, como pueblos indígenas, tenemos muchas herramientas para decirles “aquí estamos” como pueblos preexistentes, como reconoce la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17[1]. Y, también, hay una declaración universal, el Convenio 169 de la OIT[2], y el Acuerdo de Escazú[3]. En estas herramientas podemos respaldar nuestros derechos. Son las que quedaron para trabajar para la defensa de los pueblos indígenas.

Así vamos hasta donde dice nuestro creador, que es nuestro Dios, que está allá, más alto que un presidente, que un Estado argentino. A los que escuchan atentamente, aguyjevete[4].

Mariela Tulián

Casqui Curaca[5] de la Comunidad comechingón Tulián (San Marcos Sierras, Córdoba)

La derogación de la Ley 26.160 mediante ese DNU Nacional tiene que ver con un plan que está llevando adelante el Gobierno Nacional de Milei, que se relaciona también con todo lo que está sucediendo dentro del INAI[6], con su desfinanciación, con el despido de un montón de trabajadores. Recordemos que Sonia Ochoa, la directora de tierras, en una capacitación minera en Catamarca expresó que la consulta a las comunidades no es vinculante y no tiene por qué entorpecer el avance de un proyecto minero. Y eso es gravísimo [7].

Todo tiene que ver con todo. Los discursos de odio de Patricia Bullrich, esos procesos judiciales que se vienen llevando adelante, sobre todo en el sur de la Argentina, en contra de comunidades indígenas. Todo tiene que ver con todo.

Creo que, incluso, la derogación de la Ley 26.160 está íntimamente relacionada con el RIGI[8], con esa intención de entregar los recursos de los territorios a las Megaempresas Internacionales que son llamadas Mineras, las grandes empresas saqueadoras de nuestra Madre Tierra.

Esto es lamentable y nos deja en una situación de todavía más desigualdad, más precariedad y más injusticia a todas las comunidades indígenas del país. Absolutamente a todas nos afecta.

En particular, nosotros como comunidad teníamos la esperanza de que a través de la aplicación de la Ley 26.160, en algún momento, se iba a reconocer nuestro territorio comunitario indígena. Esta es una situación que venimos esperando desde el año 2009, cuando se realizó en la comunidad el CUESCI[9]. Y no se avanzó, no avanzamos desde ahí, a pesar de que el INAI nos entregó un documento en 2014, dándonos pie para seguir avanzando en la aplicación de la Ley, pero después con los cambios de Gobierno no se concretó absolutamente nada más.

Es tremenda la situación, pero nuestros derechos ni empiezan ni terminan con la Ley 26.160. Ni empiezan ni terminan con las intenciones de ningún Gobierno, sea provincial, sea nacional, o sea local. Las comunidades indígenas venimos defendiendo nuestros territorios desde hace más de 5 siglos. Somos preexistentes a todos los Estados. Y así vamos a seguir trabajando, con todo lo que implica la responsabilidad de ser protectores de nuestra Madre Tierra. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, sabiendo las consecuencias que esa defensa de la Madre Tierra puede acarrear para las comunidades. Lo venimos haciendo.

La falta de derechos por supuesto que nos afecta y hace que las condiciones sean diferentes.

Pero, no bajamos los brazos. Y no vamos a dejar de luchar hasta lograr la recuperación de absolutamente todos los territorios ancestrales de todas las comunidades de nuestro país, de todos los pueblos de lo que hoy llaman Argentina, que es parte de Abya Yala[10].

Darío Juárez

Representante. Comunidad Guaraní Mbo’ehára Jasy Rendy (Buenos Aires)

La derogación de la Ley 26.160 llevada adelante por el actual gobierno de la República argentina representa para los pueblos originarios un retroceso y un quiebre en el libre ejercicio de los derechos en todo el territorio argentino. Lamentablemente, nos pone en un escenario muy complicado. Estamos en peligro. Si bien, hay Leyes y Tratados Nacionales e Internacionales que protegen el derecho indígena, la realidad es que en muchos casos eso no sucede. Y esta ley, la 26.160, era una herramienta jurídica que las comunidades teníamos para frenar el avance sobre nuestros territorios y el desalojo de las comunidades en distintos rincones del país.

Nosotros sabemos que este hecho es la continuación de un discurso racista que hace tiempo se viene imponiendo en los medios, donde se habla de los pueblos originarios como si fuéramos enemigos internos dentro de la Argentina. Se habla de los pueblos originarios como si fuéramos organizaciones terroristas, usurpadores, organizaciones violentas, etc. Todo ese discurso fue permeando en una parte de la sociedad, no en toda, pero sí en una parte importante.

Lo que hace también la derogación de esta Ley es responder a un pedido que tenían muchas empresas y empresarios nacionales y extranjeros en distintos rincones del país. Esto también está ligado al RIGI, a este Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones que el Gobierno hace un tiempo anuncio con grandes pompas. Y que ya no exista esta herramienta legal que tenían las comunidades lo que hace es dar una vía libre para que puedan entrar en los territorios, desalojar las comunidades, perseguir a los hermanos de los distintos territorios, y también una vía libre para que sigan llevando adelante proyectos extractivistas que ya sabemos todo lo que conlleva: la contaminación de los ríos, los desmontes. Y, lamentablemente, en muchos lugares están las comunidades indígenas, están los hermanos defendiendo esos últimos espacios que son bienes naturales, bienes comunes.

Pero, también es importante decirlo en este escenario totalmente desfavorable, los pueblos originarios tenemos una larga historia de lucha y resistencia, que comenzó en 1492, con la invasión a nuestros territorios, pasando por la construcción del Estado argentino, pasando por las dictaduras militares, y hoy nos encontramos en este escenario desfavorable. Así como tenemos esa larga historia de lucha y resistencia, en este momento, no vamos a doblegar nuestras fuerzas y no vamos a bajar los brazos. No nos vamos a rendir.

Patricia Cayulao

Longko[11] de la comunidad Lof Cayulao (Tres arroyos) y ciba[12] del pueblo mapuche-tehuelche.

Mari mari kom pu che, kom pu wenuy[13]. A nosotros, como Pueblo Nación milenaria mapuche prexistente al Estado-Nación Argentina, no nos sorprende que se sigan atropellando nuestros derechos. Argentina es un país creado en base al robo del territorio, al genocidio y la esclavitud a nuestros antepasados, a nuestros küifike che yem[14].

Nosotros como sobrevivientes, seguimos siendo testigos de que este país sigue en manos de esos próceres que siempre rompieron los tratados de paz en la antigüedad. Hoy, violan sus propias leyes.

Primero, corrieron a nuestros antepasados para alambrar los campos, para que la Sociedad Rural sea quien maneje las riendas del país. Y hoy, nos corren para que las mineras, las petroleras sigan saqueando los recursos naturales y contaminando la tierra que nos cobija, nuestra Ñuke Mapu[15].

Todo ese nuevo colonialismo, ese saqueo hoy llamado exportación, sigue apañando el Gobierno argentino. Y para lograrlo, tiene que desalojar a las comunidades indígenas que sobreviven y protegen la tierra, la Ñuke Mapu, en todos los rincones del país.  

Juliana Ayala

Representante. Comunidad Guaraní Kuña Yaguarogui (Buenos Aires)

La reflexión que puedo hacer es a partir de lo que estuvimos hablando con Ignacio Báez, nuestro guía espiritual:

Todas las cosas pasan por algo. Este mundo está muy corrompido y las comunidades también están corrompidas. Tiene que nacer algo nuevo. Después de esto, tiene que pasar algo nuevo para que todo esto cambie. No puede quedarse todo esto así. Eso hay que entender. Esa es la forma en que pienso: que todas las cosas son por algo y que va a cambiar. Yo sé que va a haber un cambio en todo esto. Para bien o para mal, pero va a haber un cambio. Esperemos que para bien.

Orlando Carriqueo

Werkén[16] del Parlamento Mapuche-Tehuelche en Río Negro

Mari mari[17], inche[18] Orlando Carriqueo, werkén del Parlamento Mapuche-Tehuelche en Río Negro, la organización que nuclea a la mayoría de las comunidades en la provincia.

Nosotros venimos rechazando esta medida que pone en riesgo a muchas comunidades. Si bien es cierto que en Río Negro ya no se viene respetando la Ley 26.160 (en estas últimas semanas ya teníamos 5 desalojos dictados con la Ley vigente), inmediatamente después de la derogación se movieron algunos casos que estaban suspendidos por el relevamiento territorial, específicamente en 2 comunidades.

Frente a esta situación, como organización hemos planteado la necesidad del acompañamiento a las comunidades para que resistan esos desalojos, y también de denunciar internacionalmente la situación que viene pasando. Eso lo hemos hecho junto con la Confederación Mapuche en Neuquén, la Malalweche de Mendoza y el CELS[19]. Y se está trabajando en varias organizaciones por un pedido de inconstitucionalidad de esa norma. Por supuesto que va a tener un gran impacto.

Todas las organizaciones indígenas del país han rechazado esta medida porque genera inseguridad territorial. Pero, sobre todo, genera violencia y la posibilidad del riesgo para las vidas porque todas las comunidades también han tenido una decisión propia que es defender el territorio del avasallamiento minero, extractivo estatal y empresarial.   

[1] Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional argentina: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

Este artículo es fundamental para reconocer los derechos de los pueblos originarios y garantizar su protección dentro del marco legal argentino. Asimismo, demuestra la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.160.

[2] El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es un tratado internacional adoptado en 1989 que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales en todo el mundo. Argentina lo ratificó en 2000, lo que significa que tiene fuerza de ley en el país. Uno de los puntos claves del Convenio es el derecho a la tierra: los pueblos tienen derecho a mantener la posesión y el uso de las tierras que tradicionalmente ocupan; se exige la protección de sus territorios y la entrega de tierras adicionales si son necesarias para su desarrollo. Otro de sus puntos centrales es la protección de los recursos naturales: los pueblos tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales de sus tierras.

Este convenio es un instrumento esencial para la defensa de los pueblos indígenas a nivel global, y se complementa con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional argentina.

[3] El acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es un Tratado Internacional adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica. Es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que incluye disposiciones específicas para la protección de los defensores del medioambiente (reconoce el riesgo que enfrentan activistas y establece directrices para garantizar su seguridad). Su objetivo principal es garantizar los derechos a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. 

[4] Aguyjevete: Saludo espiritual entre los miembros de las comunidades mbya guaraní. Se levantan las dos manos sobre los hombros, las palmas hacia afuera y se dice esa palabra: aguyjevete. Es dar la bienvenida a los recién llegados, agradeciendo y honrando la presencia del otrx. 

[5] Casqui Curaca: de la lengua comechingón “lideresa”.

[6] INAI: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

[7] De acuerdo al Convenio 169 de la OIT, si el Estado autoriza actividades como la minería, debe consultar a las comunidades y ofrecerles compensaciones si se producen daños.

[8] RIGI: Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones decretado por Javier Milei, y aprobado por el Congreso, este año.

[9] CUESCI: Cuestionario Socio Comunitario con los datos brindados por la comunidad acerca de la situación actual en la que vive, uno de los resultados del relevamiento técnico y catastral para la aplicación de la Ley 26.160.

[10] Abya Yala: Se emplea para referirse a todo el continente americano desde una visión de respeto a las culturas originarias, su cosmovisión y su conexión con el territorio. Busca enfatizar la continuidad histórica y cultural de los pueblos originarios y promover una narrativa descolonizadora que revalide sus conocimientos, sus derechos y sus luchas por la autodeterminación.

Es un término de origen Kuna, lengua indígena hablada por el pueblo Guna, que habita en la región del Darién (entre Panamá y Colombia). Significa “tierra de vida” y hace referencia a todo el continente americano desde una perspectiva indígena. El término fue reivindicado por el líder aymara Tupaj Katari y, luego, popularizado por otros movimientos indígenas y decoloniales de América Latina como una forma de rechazar “América” o “Nuevo Mundo”, términos asociados con la colonización y el eurocentrismo.

[11] Longko: del mapuzungún “cabeza”. Se refiere a la autoridad tradicional en la comunidad mapuche (cacique).

[12] CIBA: Consejo indígena de Buenos Aires.

[13] Mari mari kom pu che, kom pu wenuy: del mapuzungún “saludos a toda la gente, saludos a los amigos”.    

[14] Küifike che yem: del mapuzungún “nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros antiguos”.

[15] Ñuke mapu: del mapuzungún “Madre Tierra”.

[16] Werkén: del mapuzungún “mensajero”. Es una de las autoridades tradicionales del pueblo mapuche.

[17] Mari Mari: del mapuzungún "Saludo".

[18] Inche: del mapuzungún “yo soy”.

[19] CELS: Centro de estudios legales y sociales.

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PAZ SOLÍS DURIGO

Es Licenciada y profesora en Letras, y maestranda en Estudios Literarios Latinoamericanos.

El amor a las palabras de sus abuelos del litoral argentino la impulsó a aprender su lengua: el guaraní. Hoy, se dedica al estudio de la poesía en este idioma.

Se crió con el sonido de su padre misionero en Buenos Aires saludando a todo correntino, misionero o paraguayo que se cruzara: "mba'e la porte, chamigo". Pero su frase favorita era cuando él le avisaba que "en un sapy'aite" ya estaba la comida, y era mandioca, chipa o reviro.

Su verdadera pasión es la música. En 2023, publicó su libro de letras de canciones en guaraní y en español Contra todos los males (Avagata Kartonera, Asunción) y, en 2024, Guaranga, su primera novela (Caburé Libros, Buenos Aires). Co-dirige la revista digital La Lechiguana, y co-fundó y co-produjo los ciclos de literatura expandida Bajo el cielo la llama y Caña con ruda.